Partido Popular-El narcopartido apoya la droga y las armas

Esto es el colmo. No apoyar que se revisen todos los furgones que llegan a los puertos de Puerto Rico. Están bien cerquita de lo ridículo. Si paran este proyecto es verdaderamente una farsa. Aquí los dejo con el reportaje.

Noticias El Nuevo Dia
Por Internet news service
23 Marzo 2011
Críticas del PPD a la inspección de furgones

Héctor Ferrer denuncia irregularidades en el contrato con la compañía a cargo

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, informó ayer que enviará a las autoridades federales evidencia de supuestas irregularidades en la contratación de una compañía para la operación del sistema de verificación de furgones por parte de la Autoridad de los Puertos.

Ferrer indicó que “obra en el expediente del oficial examinador Roberto Vega Pacheco, que lleva las audiencias para trabajar y aprobar el reglamento para poder llevar a cabo este tipo de trabajo, una carta de Esther Martínez que, en su segunda página, establece que el entonces director ejecutivo de Puertos, Álvaro Pilar, el 12 de marzo de 2009, le explicó a los representantes de (la compañía) Rapidscan que no se preocuparan por las otras compañías que iban a participar del RFP (Request for proposal) porque el proyecto lo iban a ganar”.

“El Gobierno quiere combatir el crimen traqueteando, cometiendo posibles delitos para combatir el crimen. Crimen contra crimen”, añadió Ferrer.

Denunció, además, que en el reglamento para trabajar el escaneo de furgones se impondrán nuevos impuestos, contrario a la ley que sólo habilita al Departamento de Hacienda a establecer contribuciones.

“El reglamento que están aprobando va a imponer hasta el 30 de junio de 2014, impuestos a cada furgón de $4 por tonelada. Pero hay más, a la carga suelta le imponen $3.25 por tonelada, a los vehículos de motor, $4; la carga líquida, 0.39 centavos por cada 42 galones; los furgones vacíos y los chasis, $4 por unidad”, afirmó el Presidente del PPD.

Según Ferrer, la imposición de esos gravámenes es para garantizar las ganancias del contrato de diez años de Rapidscan que, de cancelarse, conllevaría un pago de $100 millones.